Las urbanizaciones cerradas en San Luis Potosí

Por Victor Manuel Gutiérrez Sánchez

Entre los asuntos públicos existen diversos aspectos en que las sociedades resuelven sus problemas y satisfacen sus necesidades. Los procesos sociales que suceden en las ciudades, traen como resultado una serie de dinámicas que condicionan desarrollo urbano, por las características de sus reglas de convivencia, competitividad y normatividad. A este conjunto de acciones conjuntas encaminadas a establecer guías de planeación, normatividad y construcción donde el gobierno interactúa con la sociedad para determinar la forma urbana, se les denomina políticas urbanas.

La política urbana se ocupa de asuntos sociopolíticos en un ámbito eminentemente territorial, y tiene que ver con la gestión del cambio urbano, esto es, una actividad estatal que busca influir en la distribución y operación de procesos de inversión y consumo del entorno construido.

Entre las transformaciones que la estructura espacial de las metrópolis presentan, con motivo de la creación de nuevos centros urbanos en una tendencia hacia la dispersión urbana, destacan los grandes centros comerciales localizados en la periferia de la ciudad, conectados a las grandes vialidades de la ciudad, además de parques tecnológicos y logísticos, se identifica la creación de barrios cerrados, destinados éstos últimos a cumplir la función de zona de residencia y recreo de los grupos sociales de mayores ingresos. Como resultado de políticas urbanas las diversas acciones emprendidas en un sentido particular bien definido, podemos ejemplificar la creación de zonas comerciales, la construcción de redes viales, la definición de áreas de equipamiento, o bien, la definición de espacios habitacionales definidos por su delimitación física, cerrada al resto de la ciudad y encerrada en sí misma, y su forma de organización interna, variante en sus niveles de autonomía y autogestión, y a este tipo de espacios se les conoce como urbanizaciones cerradas.

Una de las primeras interrogantes que surgen en torno a este fenómeno urbano, tiene que ver con qué tipo de estructuras político administrativas existen o deberían de existir, cuando el habitante es dueño o co-dueño del espacio público y por lo tanto, corresponsable del mismo.

La acción colectiva denota una transformación profunda de la lógica y de los procesos que cruzan a las sociedades complejas, así como el surgimiento de nuevas formas de poder, donde el Estado “retrocede” dejando asuntos de índole pública (seguridad, mantenimiento de espacios públicos, servicios públicos) en manos de privados.

Por supuesto que cada quién tiene derecho a vivir como mejor le parezca, pero este análisis busca cuestionar lo que pasa cuando esa elección afecta colectivamente a los habitantes de la ciudad, y hasta que punto la planeación del desarrollo urbano puede y debe permitir la proliferación de este tipo de urbanizaciones, antes de llegar a una ciudad conformada por entidades aisladas y fortificadas, -con un habitante hipotéticamente indiferente a las condiciones de vida fuera de su enclave y, por lo tanto a los asuntos políticos más allá de los límites de su interés particular-, con un alto porcentaje de los servicios públicos manejados por la iniciativa privada y una autoridad municipal cada vez más dispuesta a ceder sus responsabilidades y atribuciones en manos de los ciudadanos.

Las urbanizaciones cerradas son un fenómeno en expansión en la ciudad de San Luis Potosí, que no sólo se trata de una manifestación asociada a altos niveles socioeconómicos –ya se observan condominios de interés social-, y que es un asunto que no ha sido considerado con la suficiente profundidad por las autoridades del desarrollo urbano, como consta la normatividad y práctica institucional con atribuciones y responsabilidades relativas a este asunto.

No se pretende argumentar a favor o en contra de la creación de urbanizaciones cerradas en San Luis Potosí, sino de señalar los impactos que desde el punto de vista urbanístico y sociológico tienen sobre el desarrollo urbano. Ello con la intención que los actores involucrados en estos desarrollos tomen decisiones de manera informada, consciente y responsable de la transformación que están generando al futuro de la ciudad. También se pretende ofrecer información relevante para la creación de políticas públicas de planeación urbana, que establezcan acotaciones de zona y límites cuantitativos a la generación de nuevas zonas de urbanización en esquema cerrado, en función de su integración armoniosa y congruente con los usos de suelo vigentes en la localidad.

Uno de los principales instrumentos para la regulación interna de los fraccionamientos habitacionales cerrados es la gestión integral –diseño, implementación y seguimiento– de un reglamento interno donde se establezcan con claridad las condiciones de convivencia interna e interacción con las autoridades gubernamentales competentes a los servicios públicos que se prestan al interior del fraccionamiento. Mientras este instrumento sea visto como un factor de plusvalía mercadológica y no como una normatividad deseable al interior del fraccionamiento, gestionada y consensuada por todos los actores involucrados, y mientras no sea un requisito indispensable para todos los fraccionamientos habitacionales cerrados de cualquier índole, seguirán existiendo vacíos en la práctica de un ejercicio comunitario del derecho a vivir bien, en armonía y en cumplimiento de los estatutos legales preestablecidos para estos fines.